Utilizados por sus propiedades antiadherentes, impermeabilizantes o su resistencia al calor, los contaminantes persistentes (PFAS) están omnipresentes en productos de la vida cotidiana, desde cosméticos hasta utensilios de cocina, envases o prendas impermeables…
Estos productos químicos tardan mucho en degradarse, de ahí sus apodos de «contaminantes persistentes».
La Comisión Europea desea prohibirlos en productos de consumo común, como ropa o cajas de pizza, con excepciones para sectores estratégicos, como el ámbito médico por ejemplo.
Pero Bruselas necesita primero dos opiniones de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), el informe científico publicado este jueves y un estudio de impacto socioeconómico de las medidas contra los PFAS esperado para fin de año.
En la primera opinión, los expertos concluyen que los PFAS son «dañinos» y presentan «riesgos crecientes» para la población y el medio ambiente.
Estas sustancias «persisten mucho tiempo en el ambiente, se desplazan a largas distancias y contaminan las aguas subterráneas y los suelos, mientras que algunas causan graves problemas de salud, como cáncer y trastornos reproductivos», destaca la Agencia con sede en Helsinki.
Para «controlar estos riesgos», se necesitan nuevas medidas regulatorias a nivel de la Unión Europea, enfatiza.
Los expertos recomiendan una «amplia restricción» de los PFAS, con «excepciones específicas» cuando no haya alternativas.
Pero ¿hasta dónde llegar con la prohibición? Esta es la cuestión clave en la lucha entre industriales y organizaciones ambientales.
Un dilema que ralentiza la toma de decisiones
Dentro de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, hay dos enfoques.
Para los expertos científicos, una prohibición total de los PFAS sería la forma más eficaz de minimizar su impacto, mientras que las excepciones llevarán a «emisiones adicionales» y «riesgos no controlados».
Pero sin alternativas a los contaminantes persistentes en varios campos, una prohibición general «probablemente no sería proporcionada», matizan sus colegas encargados de analizar el impacto socioeconómico de las medidas contra los contaminantes persistentes.
En esta línea, los científicos recomiendan minimizar los riesgos, mediante un etiquetado claro de los PFAS en productos con excepciones y planes de gestión específicos para cada sitio industrial.
A la espera de la futura legislación, la Unión Europea ya ha actuado contra algunos PFAS de forma sectorial.
En el agua potable, una directiva impone desde enero un umbral máximo de 0,1 microgramos por litro para la concentración combinada de 20 PFAS (incluidos PFOA, PFOS, PFHxS) considerados «preocupantes para el agua destinada al consumo humano».
Los eurodiputados también han legislado sobre los envases de alimentos con concentraciones máximas de PFAS a partir de agosto, o sobre los juguetes, donde los contaminantes persistentes y disruptores endocrinos serán prohibidos para 2030.
Francia, por su parte, ha tomado la delantera en algunos productos cotidianos. Desde el 1 de enero, una ley prohíbe el uso de ciertos PFAS en ropa, calzado, cosméticos y ceras para esquí, con algunas excepciones.
En Bruselas, organizaciones ambientales critican a la Unión Europea por haber tardado en actuar, bajo la presión de los lobbies industriales.
La Comisaria Europea Jessika Roswall admitió «discusiones difíciles» para los productos no destinados directamente a los consumidores.
El jueves, elogió la primera opinión de los expertos europeos. «Apoyamos la transición para abandonar los contaminantes persistentes. Como siempre, cualquier nueva regulación debe diseñarse con simplicidad y ofrecer seguridad, claridad y previsibilidad tanto a consumidores como a empresas».
Según un informe publicado a finales de enero, los PFAS costarán muy caros a Europa, entre 330 mil millones y 1.7 billones de euros para 2050, dependiendo de la amplitud de las medidas para descontaminar suelos y agua y del costo para preservar la salud de los europeos.
