WASHINGTON – Hoy, una coalición transpartidista de grupos de interés público presentó un informe amicus pidiendo al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C. que anule las órdenes ejecutivas ilegales dirigidas a cuatro bufetes de abogados específicos: Perkins Coie, Jenner & Block, Susman Godfrey y WilmerHale.
El año pasado, el presidente emitió una serie de directivas y órdenes ejecutivas destinadas a frenar las demandas judiciales contra las políticas de su administración. En respuesta, la ACLU y el mismo grupo ideológico cruzado presentaron informes amicus pidiendo a los tribunales que anulen las órdenes. Cada tribunal que revisó las órdenes ejecutivas en el último año determinó que violaban la Constitución.
Aunque el gobierno consideró brevemente la idea de retirar su apelación en estos casos, finalmente decidió apelar.
«Estas órdenes ejecutivas son indefendibles», dijo Brian Hauss, subdirector del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. «Desde la defensa de John Adams de los soldados en el juicio por la Masacre de Boston hasta la defensa de Floyd Abrams del derecho de un periódico a publicar los Documentos del Pentágono, la disposición de un abogado a desafiar al gobierno ha sido la piedra angular de nuestro sistema legal. Al castigar severamente a los despachos de abogados que representaban a clientes o causas opuestas a la administración, las órdenes ejecutivas buscaron inconstitucionalmente doblegar al gremio en su conjunto».
Estas órdenes ejecutivas impusieron un castigo gubernamental a firmas específicas en represalia directa por su trabajo protegido por la Primera Enmienda en juicios que la administración desaprobaba, incluyendo desafíos a sus políticas de votación, inmigración y LGBTQ. Algunas órdenes ejecutivas apuntaron a despachos de abogados específicamente por emplear abogados que el presidente Trump consideraba sus adversarios políticos o legales, como Robert Mueller.
«El derecho a la representación es fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema legal,» dijo Art Spitzer, asesor principal de la ACLU del Distrito de Columbia. «Nadie en el gobierno, incluido el presidente, puede castigar a los abogados simplemente porque no les gustan las posiciones que han tomado en el tribunal. Nuestros derechos constitucionales serían aniquilados si el gobierno tuviera ese poder.»
