Un alto funcionario del gabinete en Tailandia ha presentado demandas por difamación penal contra dos periodistas prominentes que informaron sobre un caso de soborno, lo que plantea serias preocupaciones para la libertad de prensa, dijo hoy Human Rights Watch. El tribunal de primera instancia puede desechar el caso si carece de mérito legal o no tiene base.
El 27 de febrero de 2026, el Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Suchart Chomklin, presentó una demanda contra Hathairat Phaholtap, editora en jefe de Isaan Record. La citación estaba relacionada con las publicaciones de Facebook de Hathairat haciendo referencia al informe de Isaan Record que indicaba que políticos tailandeses estaban involucrados en el tráfico de recolectores de bayas tailandeses y recibían sobornos de intermediarios que suministraban trabajadores tailandeses a una empresa de bayas en Finlandia. Posteriormente, Suchart presentó un caso separado de difamación penal contra Kowit Phothisan, otro editor de Isaan Record, por compartir las publicaciones de Hathairat.
«Las demandas por difamación penal contra los periodistas Hathairat y Kowit ponen de relieve el peligro de casos presentados en represalia por informar sobre abusos a los derechos humanos», dijo Elaine Pearson, directora de Asia de Human Rights Watch. «Los tribunales deben asegurarse de que dichos casos respeten plenamente la libertad de prensa».
En el caso de difamación penal contra Hathairat, Suchart alegó que sus publicaciones daban a entender a los lectores que se refería a él. El ministro busca THB50 millones (US$1.6 millones) en daños y perjuicios de Hathairat. Suchart también está buscando THB1 millón (US$31,000) en daños y perjuicios en el caso separado contra Kowit.
El 24 de enero, Suchart presentó una denuncia por malversación ante el Tribunal Penal Central de Casos de Corrupción y Mala Conducta contra el director general del Departamento de Investigaciones Especiales del Ministerio de Justicia y otros funcionarios por comentarios en los medios que implicaban que Suchart estaba involucrado en un esquema de sobornos relacionado con recolectores de bayas tailandeses enviados a Finlandia durante 2020 y 2023. La Comisión Nacional Anticorrupción está revisando actualmente la investigación del departamento que involucra a Suchart y a varios altos funcionarios del Ministerio de Trabajo por presuntamente recibir sobornos de empresas intermediarias de recolectores de bayas.
El 1 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia emitió un comunicado manifestando preocupación por el creciente uso de litigios estratégicos para silenciar la participación pública (conocido como SLAPP) y pidiendo la promulgación de una ley contra los SLAPP para proteger a los defensores de los derechos humanos, al público y a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés público. La comisión de derechos humanos citó los casos de difamación penal presentados por Suchart contra los periodistas de Isaan Record.
Durante su Revisión Periódica Universal de 2021 sobre su situación de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Tailandia respaldó múltiples recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión, incluidas cuestiones relacionadas con el abuso de demandas por SLAPP, pero no las ha llevado a cabo.
Según Human Rights Watch, las autoridades tailandesas no han protegido a activistas y denunciantes del hostigamiento o de las demandas punitivas por parte de organismos estatales y empresas privadas, a pesar de la adopción de los Planes de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en 2019 y 2023. La ausencia de protecciones efectivas contra SLAPP obstaculiza la libertad de prensa y el escrutinio público de los funcionarios gubernamentales y las empresas.
El objetivo aparente de tales demandas es intimidar y desalentar a miembros del público, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación de investigar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, silenciando en última instancia la información de interés público. Tales prácticas socavan seriamente el derecho a la libertad de expresión bajo la Constitución tailandesa y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Tailandia es parte. El Consejo de Derechos Humanos examinará nuevamente el historial de derechos humanos de Tailandia en noviembre.
«Las Naciones Unidas y los gobiernos preocupados deberían instar a Tailandia a fortalecer las protecciones contra los SLAPP», dijo Pearson. «El gobierno tailandés debería poner fin al uso de demandas retaliatorias, ya que sus promesas sobre negocios y derechos humanos son vacías sin acciones contundentes».
