En 2025, se alcanzaron 136,000 nuevas licencias de construcción para viviendas no subvencionadas (la cifra más alta desde 2008) y 23,200 para vivienda social (lo que representa un aumento del 40% anual). Así, el número total de permisos aumentó un 6,9% (hasta 162,200), sumándose al avance del 25% registrado en 2024. Sin embargo, la creación neta de hogares alcanzó los 226,000 en 2025, por lo que el déficit de vivienda ha seguido creciendo.
Además, cada vez es más evidente un cuello de botella en la fase de finalización de proyectos. En los últimos 12 meses hasta septiembre, se completaron alrededor de 83,500 hogares, lo que representa un aumento muy moderado de aproximadamente el 2% interanual, y claramente inferior al 7,6% registrado en 2024. La brecha entre permisos y viviendas completadas se ha ampliado significativamente y ahora ha alcanzado sus niveles más altos desde 2010, cuando el sector inmobiliario aún absorbía los excesos del ciclo expansivo anterior. Esta ampliación de la brecha señala crecientes obstáculos en el proceso de construcción, retrasando la entrega de los desarrollos en curso. De hecho, es poco probable que veamos que las viviendas completadas superen las 100,000 unidades durante 2026. Factores como la escasez de mano de obra, retrasos en el suministro, cuellos de botella en la infraestructura eléctrica y la alta carga regulatoria están contribuyendo a este creciente desajuste. Para analizar este déficit de vivienda nuevo con mayor profundidad, incluimos en este mismo informe el artículo «Falta de nuevas viviendas donde más se necesita: un déficit en aumento y geográficamente concentrado».
Si bien existe un amplio consenso entre el sector de desarrollo y el gobierno en general sobre la necesidad urgente de aumentar la oferta de viviendas, las medidas de oferta tardan en materializarse y sus efectos serán gradualistas, ya que dependen de la capacidad de ejecución y de la liberación de terrenos. Para acelerar la respuesta de oferta a corto plazo, es crucial agilizar de manera decisiva los procesos de permisos y de planificación urbana, así como poner en marcha la actividad en terrenos públicos que ya están disponibles.
