Los residentes que viven cerca de una central eléctrica de carbón en Dimitrovgrad, Bulgaria, respiran un aire tan tóxico que se sienten como prisioneros en su propia casa. En Luisiana, las comunidades a lo largo del corredor petroquímico conocido como «Cancer Alley» (el callejón del cáncer) enfrentan algunos de los índices de cáncer más altos en los Estados Unidos. En Uganda y Tanzania, los activistas opuestos al EACOP (oleoducto de África Oriental) han sido arrestados y procesados penalmente por oponerse a la expansión de las energías fósiles. Estos no son solo estadísticas abstractas, sino problemas concretos relacionados con los derechos humanos y la producción de energías fósiles.
Sin embargo, mientras más de 50 gobiernos se reúnen esta semana en Santa Marta, Colombia, para la primera conferencia internacional sobre la transición energética y el abandono de las energías fósiles, estas cuestiones de derechos humanos están ausentes del orden del día.
La conferencia, coorganizada por Colombia y los Países Bajos, llega en un momento crítico. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido que nuestra dependencia de los combustibles fósiles desestabiliza tanto el clima como la seguridad mundial, haciéndose urgente una transición justa. La reciente conferencia climática COP30 también concluyó sin decidir sobre las energías fósiles, a pesar de los llamamientos de más de 80 países a favor de un plan gradual para su eliminación.
La reunión de esta semana debería acelerar el progreso en materia de transición. Sin embargo, lo que no debe hacer es tratar los derechos humanos como una consideración secundaria.
La quema de energías fósiles es un factor importante de contaminación del aire, que la Organización Mundial de la Salud identifica como la mayor amenaza para la salud humana a nivel global, causando aproximadamente siete millones de muertes cada año. Poner en riesgo los derechos puede dejar atrás a comunidades que ya son víctimas de la extracción de energías fósiles y de sus efectos devastadores.
La Corte Internacional de Justicia ha establecido claramente que los estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático. Santa Marta debería traducir estas obligaciones en acciones concretas. No lograr salir gradualmente de los combustibles fósiles afecta los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda de personas en todo el mundo.
Los gobiernos reunidos en Santa Marta deben asegurarse de que la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles se base en el derecho de los derechos humanos y tome en cuenta las contribuciones de las comunidades más expuestas para ayudar a desarrollar planes de salida progresiva. Para que la conferencia sea exitosa, las comunidades más expuestas finalmente deberían ver protegidos sus derechos y su salud.
