A medida que la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania entra en su quinto año, es crucial que existan esfuerzos internacionales sostenidos para asegurar la rendición de cuentas por graves abusos. Los nuevos hallazgos de la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas sobre Ucrania subrayan por qué su mandato debe ser renovado.
El nuevo informe de la comisión incluye hallazgos sobre la deportación y traslado forzoso de niños ucranianos por parte de las autoridades rusas a Rusia o a áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. La comisión verificó la deportación o traslado de al menos 1.205 niños, el 80 por ciento de los cuales no han sido devueltos.
También encontró que las autoridades rusas han retenido sistemáticamente información sobre el paradero de los niños a sus padres o tutores legales y han obstaculizado los esfuerzos para asegurar su retorno. En lugar de ello, las autoridades rusas han intentado colocar a los niños con familias o en instituciones en Rusia. La comisión concluyó que estos actos sistemáticos, incluyendo la deportación, el traslado forzoso y las desapariciones forzadas, constituyen crímenes de lesa humanidad.
La comisión también documentó graves violaciones de los derechos a un juicio justo para civiles ucranianos y prisioneros de guerra ante tribunales en la Federación Rusa y en áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. Encontró que estos tribunales aceptan pruebas fabricadas o testimonios obtenidos bajo tortura, en procedimientos marcados por la falta de independencia y una presunción aparente de culpabilidad.
Mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU negocia una resolución durante su sesión actual para renovar el mandato de la comisión, los abusos continuos en Ucrania subrayan la importancia de una supervisión internacional continua.
Los hallazgos de la comisión reflejan los hallazgos de Human Rights Watch sobre la tortura sistemática y el maltrato de prisioneros de guerra ucranianos y detenidos civiles, que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Human Rights Watch también ha documentado repetidos ataques indiscriminados e ilegales contra la infraestructura civil, y ataques deliberados con drones contra civiles ucranianos, que constituyen crímenes de guerra.
En los territorios ocupados, las autoridades rusas continúan imponiendo leyes rusas, apropiándose ilegalmente de propiedades civiles, y coaccionando a los residentes para adquirir la ciudadanía rusa y servir en el ejército ruso. También han impuesto el idioma y el plan de estudios rusos en las escuelas como parte de una campaña sistemática para reprimir la identidad, el idioma y la cultura ucraniana.
La Comisión de Investigación sigue siendo un pilar de rendición de cuentas, ayudando a preservar evidencia, identificar patrones de abuso y apoyar futuras prosecuciones. Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben apoyar su renovación y asegurarse de que disponga de los recursos necesarios para continuar con investigaciones independientes sobre graves abusos en Ucrania.
