El gobierno del presidente Donald Trump planea agregar pelotones de fusilamiento, electrocución y asfixia por gas como métodos alternativos para ejecutar a personas condenadas por los crímenes federales más graves, anunció el viernes, señalando dificultades para obtener drogas para las inyecciones letales.
La recomendación se incluyó en un informe del Departamento de Justicia que cumple la promesa de Trump de reanudar la pena de muerte a nivel federal en su segundo mandato. En su primer mandato, que terminó en 2021, la reanudó después de un hiato de 20 años, ejecutando a 13 prisioneros federales con inyecciones letales en sus últimos meses en el cargo.
El fiscal general interino Todd Blanche, quien publicó el informe, ha autorizado la búsqueda de penas de muerte contra nueve personas después de que Trump revocara un moratorio sobre las ejecuciones federales impuesto por su predecesor, Joe Biden, informó el departamento.
«Entre las acciones tomadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la expansión del protocolo para incluir métodos adicionales de ejecución como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte», dijo en un comunicado.
En el informe, Blanche instruyó al Buró de Prisiones del Departamento de Justicia a modificar su protocolo de ejecución «para incluir métodos adicionales y constitucionales de ejecución que actualmente estén contemplados por la ley de ciertos estados,» haciendo referencia a los antiguos métodos de pelotones de fusilamiento y electrocución, y el nuevo método de asfixia por gas desarrollado por Alabama en 2024.
«Esta modificación ayudará a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si una droga específica no está disponible», señaló el informe.
Biden, un demócrata, conmutó las sentencias de 37 personas que esperaban ejecución en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres hombres: Dzhokhar Tsarnaev, condenado en 2015 por el mortal atentado en el Maratón de Boston; Dylann Roof, condenado en 2017 por matar a nueve fieles en una iglesia de Carolina del Sur; y Robert Bowers, condenado en 2023 por matar a 11 personas en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, Pensilvania.
Por lo general, cuando un estado de EE. UU. o el gobierno federal adopta un nuevo protocolo de ejecución, los presos del corredor de la muerte pueden presentar desafíos legales argumentando que el nuevo protocolo viola la prohibición de la Constitución de EE. UU. de «castigos crueles e inusuales».
Tales desafíos siempre han fracasado en la Corte Suprema de EE. UU., que nunca antes ha encontrado inconstitucional un método de ejecución adoptado.
La inyección letal sigue siendo el método más común en EE. UU., pero tiene una tasa más alta de fallos que la mayoría de los otros métodos, incluido el protocolo de un solo fármaco adoptado por el gobierno federal en 2019 utilizando pentobarbital, un potente barbitúrico. Algunas ejecuciones han sido interrumpidas mientras los funcionarios de prisiones luchan por encontrar una vena en un prisionero atado. Los opositores del método argumentan que las autopsias de los pulmones de las personas ejecutadas muestran que experimentaron ahogamiento antes de morir por el pentobarbital, lo que consideran una muerte tortuosa.
Las empresas farmacéuticas se niegan a vender sus medicamentos que pueden ser utilizados en ejecuciones a los sistemas penitenciarios, en parte para cumplir con una prohibición de la Unión Europea, lo que obliga a las prisiones de EE. UU. a buscar pequeñas farmacias de compuestos menos reguladas dispuestas a fabricar copias de esos medicamentos.
Esto ha llevado a varios estados de EE. UU. a revivir métodos más antiguos en los últimos años. Cinco estados cuentan con pelotones de fusilamiento, y se espera que Idaho lo adopte como su método principal en julio, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo de investigación sin ánimo de lucro en Washington.
El año pasado, Carolina del Sur llevó a cabo la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en EE. UU. en 15 años, después de que Brad Sigmon, condenado por asesinar a los padres de su exnovia, eligiera este método, diciendo que temía que las alternativas del estado, la silla eléctrica o la inyección letal, pudieran suponer una muerte más lenta y tortuosa.
En 2024, Alabama se convirtió en el primer estado en ejecutar a alguien introduciendo nitrógeno en sus vías respiratorias a través de una mascarilla facial, asfixiándolo, un método que desde entonces ha sido adoptado por Arkansas, Luisiana, Misisipi y Oklahoma.
