(Berlín) – Un nuevo decreto gubernamental socava la independencia de los abogados en Vietnam y obstaculizará los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios, dijo Human Rights Watch hoy. Las autoridades deberían derogar el decreto.
El Decreto 109/2026, que entra en vigor el 18 de mayo de 2026, otorga poder a la policía y a funcionarios del gobierno a nivel local (comuna) para revocar las licencias de los abogados y imponer severas multas por delitos vagamente redactados como «insultar» a funcionarios u «obstruir» el funcionamiento de agencias estatales. La regulación plantea nuevas amenazas en un ambiente ya hostil para la profesión legal en Vietnam.
«El Decreto 109 representa una seria amenaza para el sistema legal de Vietnam, que ya está politizado», dijo Patricia Gossman, directora asociada senior para Asia en Human Rights Watch. «Las autoridades deberían derogar inmediatamente el decreto y garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales sin temor a represalias del gobierno».
El Decreto 109 se aplica a procedimientos civiles y penales, incluidas disputas de tierras, e incluye sanciones por «infracciones administrativas» como «insultar el honor, la dignidad o la reputación de personas autorizadas a realizar procedimientos legales». Otras presuntas violaciones incluyen conductas destinadas a «retrasar, prolongar o poner obstáculos, u obstruir, las operaciones de organismos procesales» y actos que «causan daño a los derechos e intereses legítimos de agencias, organizaciones o individuos». Este último evoca el lenguaje casi idéntico del artículo 331 del Código Penal, que las autoridades han utilizado para procesar a ciudadanos que han criticado al gobierno o han expuesto malas prácticas de funcionarios.
El decreto otorga a las autoridades locales y a la policía una autoridad extraordinaria sobre los abogados, haciendo que cualquier declaración de un abogado considerada «crítica» sea punible como un «insulto». Si un abogado aconsejara a un cliente a permanecer en silencio durante el interrogatorio policial, eso podría interpretarse como «poner obstáculos u obstruir» las operaciones policiales. Debido a que estas disposiciones se invocarían más a menudo en casos en los que los funcionarios locales y la policía son ellos mismos los demandados, crean un conflicto de intereses directo, poniendo la autoridad para castigar a los abogados en manos de los mismos funcionarios a los que los abogados intentan responsabilizar.
El Decreto 109 ya ha resultado en acosos y intimidaciones a abogados por parte de funcionarios locales. El 13 de abril, poco después de que se emitiera el Decreto 109 pero antes de que entrara en vigor, el Comité Popular de la comuna de Long Thanh en la provincia de Dong Nai escribió a la Asociación de Abogados de la provincia de Dong Nai, instándoles a «amonestar a organizaciones e individuos que aprovechan la confianza de las personas guiándolas para presentar repetidamente numerosas quejas y denuncias a líderes y agencias autorizadas, acciones que socavan la credibilidad y representan un riesgo para la seguridad local y el orden público».
El decreto especifica que asesorar a los clientes para presentar «quejas o denuncias ilegales» también es motivo de castigo, pero no especifica qué constituye una queja «ilegal». Las violaciones estipuladas en este decreto probablemente desanimarán a los abogados a asumir casos que involucren a activistas por los derechos de la tierra o denunciantes como clientes.
Las autoridades locales bajo el Decreto 109 pueden sancionar a los abogados vietnamitas revocando sus licencias hasta por nueve meses, y a los abogados internacionales hasta por tres meses, e imponer multas de hasta 40 millones de VND (1,520 dólares estadounidenses). Anteriormente, el Decreto 121/2025 de junio de 2025 permitía a los presidentes provinciales otorgar y revocar licencias legales, una medida que los abogados criticaron porque pasaba por alto al Ministerio de Justicia y a organismos como la asociación de abogados, que normalmente otorgan y revocan licencias.
El Decreto 109 también establece que asesorar a los clientes para unirse a una protesta («reunirse en gran número para perturbar el orden público») puede costar temporalmente la licencia de práctica a un abogado.
Junto con el decreto, el gobierno ha tomado otras medidas para intimidar a los abogados. En abril, el Ministerio de Seguridad Pública publicó una propuesta de enmienda al código penal para responsabilizar penalmente a los abogados por «no informar de un cliente que se está preparando para cometer un delito».
«El gobierno vietnamita se jacta de una era de prosperidad creciente bajo el nuevo liderazgo del país», dijo Gossman. «Pero al coartar la independencia de los abogados y aumentar el poder sin control de la policía, Vietnam está fortaleciendo su régimen autoritario de un solo partido».
